Los profesionales de emergencias y protección civil adoptan decisiones críticas en segundos, bajo presión extrema y en contextos de alto riesgo. Sin embargo, estas decisiones suelen ser evaluadas posteriormente desde una perspectiva administrativa que no siempre tiene en cuenta la realidad operativa.
Es habitual que estos profesionales se enfrenten a expedientes disciplinarios, investigaciones internas o exigencias de responsabilidad improcedentes tras intervenciones complejas.
Se ofrece defensa jurídica especializada para profesionales de emergencias, que abarca la defensa disciplinaria, la impugnación de sanciones, los recursos administrativos y contenciosos, y la protección frente a valoraciones injustas realizadas a posteriori.
La defensa jurídica permite contextualizar la actuación real del profesional y protegerlo frente a decisiones administrativas injustas.
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